miércoles, 25 de marzo de 2009

Mociones Pleno Marzo 09

Mociones presentadas por el Grupo Municipal Izquierda Unida - Los Verdes :

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES SOBRE PROPUESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS.

Para IU no hay un " capitalismo productivo y un "mal" capitalismo financiero, que bastaría con eliminar o "regular" para volver a un funcionamiento "normal" del capitalismo. Para IU el capitalismo financiero es uno más de los medios que ha utilizado el propio capitalismo, porque no olvidemos que la esencia del capitalismo es la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos a costa de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras de todo el planeta (cualquier empresario que no siga esta ley, está condenado a fracasar ante sus competidores). Pero aun más, la solución a esta crisis no partirá de una refundación del mismo, como trata de decirnos de forma farisea el G-20, EE.UU. o los grandes encuentros económicos. El capitalismo parte de lógicas que no buscan soluciones a los grandes debates de nuestro civilización y el planeta. El problema real es que ante la forma de desarrollo promocionado por el capital es imposible. Con el desarrollo productivo actual se hace imposible en varios niveles, con respecto al energético. Los biocombustibles no traen más que hambre al Tercer Mundo, las energías fósiles se acaban y el desarrollo de las energías renovables son incapaces de mantener el funcionamiento de este modelo productivo. Partiendo de estas bases el resto son vueltas que no buscan soluciones apegadas a la realidad y es imposible mantener este modelo de desarrollo a nivel planetario.



Ante la gravedad de la crisis, IU considera que el objetivo fundamental, al que deben estar volcados todos los impulsos de los poderes estatales, debe ser el mantenimiento del empleo existente y la creación de empleo nuevo de calidad. A esto deben estar subordinadas y orientadas todas las medidas. Complementariamente es necesario atender las situaciones de todos los hogares en donde sus miembros estén parados y/o de manera especial con trabajadores y trabajadoras sin subsidio de desempleo.

La crisis en la que estamos envueltos revela sus más dramáticas consecuencias para las clases más desprotegidas, para los trabajadores y trabajadores, que están teniendo una auténtica sangría en la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo, viendo el horizonte de los 4.000.000 de parados de forma cada vez más real e inmediata. El gobierno central y autonómico vuelven a las medidas neoliberales que nos han metido en la crisis de forma insistente y niega a ver que esta crisis es una crisis de modelo alargada en el tiempo, ni lo peor ha pasado ni lo que viene será mejor que lo ocurrido hasta ahora, sino se toman las soluciones oportunas.


¿Y que alternativa ante todo esto propone IU? la alternativa a esta crisis supone una teoría y una práctica postcapitalista, es decir, formas nuevas de reorganización social, sobre la base de un socialismo democrático del nuevo siglo, que articulen de forma seria los contenidos de conceptos tales como: democracia, libertad, equidad, justicia, seguridad común, paz, ciudadanía real, etc., con el uso sostenible de los recursos naturales y su apropiación social; la predominancia del valor de uso -es decir, las respuestas a las necesidades de la gente- sobre el valor de cambio, -o sea, la necesidad de acumulación de dinero-, es decir, un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social; la democracia generalizada a todas las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, de género; y la multiculturalidad, de modo que se permita a todas las culturas, saberes y filosofías dar su aporte propio a la reconstrucción social de una nueva sociedad en equilibrio entre sí, con el medio ambiente y con las capacidades del planeta.

IU a nivel estatal parte de la anteriormente base expuesta para salir de esta crisis, debe haber una planificación democrática de nuestra economía, una modificación de nuestro modelo productivo que no se base como ha sido hasta ahora en el ladrillo, la especulación y el empleo precario.

Para esto, las primeras medidas deben enmarcarse en varios ámbitos de actuación:

En las comunidades autónomas y en el Gobierno Central:

1.- Se deben rechazar los ERE de todas aquellas empresas que hayan obtenido beneficios durante el año 2008.

2.- Destinar 3000 millones de € durante el 2009 a nivel estatal para subvencionar los intereses a corto plazo de las pymes con dificultades en la tesorería. Estos créditos se ofrecerán con la condición de no realizar ningún despido.

3.- Exigir de forma efectiva el cumplimiento del fon social de las Cajas de Ahorro en su operativa: creación de empleo, apoyo a la pymes, desarrollo regional,…

4.- Inclusión de una cláusula social, vinculada al mantenimiento y la creación de empleo en las licitaciones y contrataciones del conjunto de las administraciones públicas.

5.- Prestación Social de 600 euros mensuales como máximo para familias cuyos ingresos no alcancen el mínimo familiar exento de IRPF. Coste: 5.000 millones de €.

6.- Para el ejercicio presupuestario del 2009: Dotación para obras en Ayuntamientos para proyectos de mejora de infraestructuras, desarrollo sostenible y servicios públicos, vinculados a la creación de empleo estable. Esto permitiría creación de 280.000 puestos de trabajo. Coste: 10.000 millones de €.

7.- Para el ejercicios 2009 y 2010: Subvenciones para la financiación de la rehabilitación de vivienda privada hasta el 25% de la obra y 6.000 € como máximo. Se permite la creación de 150.000 puestos de trabajo con un coste: 8.000 millones € anuales.

8.- Plan de Mejora de los servicios públicos como enseñanza (con prioridad la de 0 a 3 años), medicina general, hospitales, Ley de Dependencia, personal de Justicia, INEM y Agencia Tributaria. Supondría la Creación de puestos de 120.000 trabajo durante los ejercicios 2010 y 2011. Con un coste de:

- En 2010: 10.000 millones euros.

- En 2011: 25.000 millones euros.

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Coste del Plan que aquí tomamos de medida resumida:

Algunas medidas son políticas que no suponen coste alguno. El coste estimado aproximado sería de 61.800 millones de € en tres años más 9.000 millones de € más para ayuda a desempleados en 2009. En total, 6,7 puntos del PIB adicionales en tres años.

Las medidas de apoyo a la Banca apoyadas por el Gobierno han representado 5 puntos del PIB en 2008 y han puesto a disposición de la Banca 10 puntos del PIB de 2009 y otros 10 en 2010.

Pero no nos engañamos, estas son salidas meramente coyunturales, la única opción futuro pasa por la mejora de los servicios sociales y el reforzamiento del sector público (de enseñanza, sanitario, asistencial etc.). La sostenibilidad medioambiental (incentivar la creación de actividades y empresas sostenibles, y no de todo tipo de empresas independientemente de su impacto). Un cambio de estrategia energética que apueste por energías limpias y garantice el control público sobre los suministros de energía, incluida la nacionalización y una apuesta decidida por las energías renovables. Un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares. Un enfoque diferente del hábitat, del urbanismo y del sistema de transportes de viajeros y mercancías, un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en régimen de alquiler adaptado a la renta. La creación de un sistema financiero público basado en las necesidades de la gente y la consolidación de formas populares y la consolidación de formas populares, que ya existe, de préstamos basados en la reciprocidad y la solidaridad que apliquen criterios sociales (incluyendo las condiciones laborales) y ambientales en todos los préstamos y den prioridad a los préstamos, con tipos de interés mínimos, para cubrir necesidades sociales y ambientales y para ampliar la ya creciente economía social; la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, el control público y social de la economía y los medios de producción; la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo; aplicar rigurosos sistemas fiscales progresivos y un sistema tributario global para evitar la transferencia de precios y la evasión de impuestos; el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que establezca una jornada laboral de 35 horas semanales por ley, sin reducción de salario y la jubilación a los 60 años, para repartir el trabajo entre todos y todas y hacer posible la conciliación laboral y familiar.

Un modelo que suponga tal reestructuración social que obligue en los países enriquecidos a un decrecimiento económico que sea socialmente sostenible (frente a los modelos de desarrollo sostenible): reducción radical del consumo; sólo aquello que se considere necesario y producido según principios ecológicos. Eliminación del gasto militar mundial, junto con el cambio en las relaciones internacionales de explotación, imponiendo impuestos en origen sobre la extracción de recursos naturales, para financiar modelos de sociedad ecológicamente sostenibles. Un modelo que relocalice la política: todo lo que se pueda decidir a nivel municipal que no se decida en niveles superiores y sólo aquello que afecte a todo el país se decida en ese nivel. Comenzando por la práctica de los presupuestos participativos en los municipios.

Un modelo que establezca legislaciones, y mecanismos de control efectivos que realmente garanticen la igualdad laboral, política e integral de las mujeres, así como la presencia equilibrada de sexos en las listas electorales y en los puestos directivos. A igual trabajo, igual salario. Que recuperación de la titularidad y de la gestión pública de todos los servicios públicos privatizados, especialmente aquellos que tienen que ver con los cuidados de la población dependiente. Un modelo que establezca iguales derechos y deberes para quienes viven y trabajan en cualquier país.

Un modelo que apueste por una vivienda provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas. Un modelo que asigne una “renta básica” incondicional a toda la ciudadanía y personas residentes en una zona geográfica, de una cantidad similar al umbral de la pobreza, de cara no sólo a erradicar la pobreza sino a tener una protección efectiva ante la pérdida del puesto de trabajo. Un modelo que no sólo fije un salario mínimo decente donde no lo haya, sino también un salario máximo. Un modelo que erradique la eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas, e introduzca una fiscalidad progresiva vía impuestos directos que graven de forma proporcional según los ingresos y beneficios (haciendo pagar más a quién más tiene) y la vuelta al impuesto sobre sucesiones.

Un modelo que elimine los paraísos fiscales, que ponga tasas a las transacciones financieras de capital y que restablezca las restricciones a la libre circulación de capitales, con un número suficiente de inspectores fiscales (los cuales tienen en España un nivel muy inferior al de la media europea). Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles.

La democracia es incompatible con el capitalismo. El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios, y los socialdemócratas, siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso esta crisis se ve acentuada, a su vez, por una crisis política de deslegitimación de la función de los Estados puestos al servicio del capital. Se cuestiona la función de los gobiernos, de partidos políticos y de la construcción de espacios y procesos democráticos reales, al estar dominados por su sometimiento a los grandes intereses corporativos. De ahí que también y simultáneamente es urgente y necesario refundar la democracia sobre unas bases sólidas y no fundamentada en el secuestro por parte del mundo de las finanzas.

Los que no nos resignamos a pagar con nuestras vidas las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases de un auténtico Socialismo democrático del Siglo XXI que refunde la economía y la sociedad sobre bases más justas, más sociales, más igualitarias y más democráticas.

Por todo esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes presenta al Pleno la siguiente moción:

-Solicitar al Pleno Municipal la asunción de estas medidas dentro de sus competencias y solicitar al gobierno central y autonómico el cumplimiento de las mismas.

- Asumir que todas las medidas realizadas por el gobierno local deben estar encaminadas al fin principal del mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y la creación del máximo posible de nuevos empleos.

- Realización de un encuentro con los agentes sociales locales para el diálogo y planificación de un plan de empleo local, dentro de las posibilidades del ayuntamiento.

- Cuantificar el número de familias con falta total de ingresos total de ingresos y/o con todos los miembros en situación de desempleo y realizar un plan de choque contra esta situación.

-Fomentar la remunicipalización en titularidad y gestión de los servicios privatizados como medida de ahorro, de forma que se evitará el abono de las plusvalías a las empresas que desarrollan la actividad que previamente desarrollaba el municipio.

- El compromiso del ayuntamiento de mantener una base salarial suficiente dos veces el S.M.I. (salario mínimo interprofesional) a todos los trabajadores que trabajen para nuestras contratas mientras se gestiona su re-municipalización.

-El compromiso por parte de nuestro ayuntamiento de fomentar el desarrollo de la compatibilidad entre la familia y el trabajo de todos los trabajadores y sus contratas.

-La realización para el siguiente año de presupuestos participativos que fomenten el carácter democrático de los gastos municipales más aun en esta situación de crisis.

- Un compromiso por parte del mantenimiento a la austeridad con realización de campañas de consumo responsable y ahorro energético entre los vecinos.

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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES DE ALPEDRETE POR UNACUERDO ESTATAL DEL AGUA COMO BIEN PÚBLICO, QUE EVITE EL ENFRENTAMIENTOENTRE REGIONES Y LA UTILIZACIÓN POLÍTICA COYUNTURAL DE UN BIEN VITAL PARALA VIDA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

El día 22 de Marzo fue el día Internacional del Agua y entendemos que nos
da pie a presentar la siguiente moción. Después de la derogación del
trasvase del Ebro, y la intolerable privatización del Canal de Isabel II,
es hora de dar un giro radical a la política del agua que, partiendo de la
implantación de la Directiva Marco Europea de Aguas, suponga acomodar la
legislación y las estructuras de gestión del agua a una nueva etapa en la
que prime la gestión del recurso, bajo premisas de eficacia, eficiencia,
sostenibilidad, transparencia y participación social.

El proceso de reforma de los diferentes estatutos de autonomía está
volviendo a reabrir debates sobre el uso y “propiedad” de las aguas que, a
nuestro modo de ver, ponen de manifiesto la necesidad de definir una
política de gestión del agua que, desde la izquierda alternativa y
transformadora, debe considerar el agua como bien público y exigir la
gestión social del agua.

También coincide el momento con la revisión de todos los Planes de Cuenca
y, por consiguiente, cuando se está produciendo un intenso trabajo en
materia de planificación hidrológica. La revisión de los actuales planes
de cuenca y su adaptación a la Directiva Marco de Agua, actualmente en
curso, debe guiarse por el nuevo modelo de gestión que propugnamos.

Es, en definitiva, un momento en el que Izquierda Unida - Los Verdes expresa su posición y aporta su propuesta política al debate.
Izquierda Unida - Los Verdes considera superados los planteamientos originales de aquellos Planes Hidrológicos Nacionales que, promovidos tanto por PSOE como por PP, se limitaban a atender las demandas y aumentar la oferta de agua poniendo a disposición de las actividades productivas y
especulativas, sin distinción, los caudales necesarios.

Es necesario y urgente reorientar la política hidráulica con los nuevos
parámetros que marcan las directivas comunitarias, la sostenibilidad del
Planeta y los criterios de la nueva cultura del agua.

La izquierda progresista, alternativa y transformadora debe defender una
política hidráulica capaz de conjugar los diversos intereses sociales y
ambientales en torno al agua, y debe hacerlo teniendo en cuenta, además,
los legítimos intereses que suponen la satisfacción de las necesidades
reales de desarrollo socioeconómico sostenible, lejos del modelo económico
y urbanístico depredador y especulativo que conocemos. Debe, igualmente,
defender, con criterios de sostenibilidad, la satisfacción de las
necesidades básicas para la población.

La nueva gestión social del agua que defiende Izquierda Unida se apoya en
las siguientes premisas fundamentales:

EL AGUA COMO BIEN PÚBLICO:
Evitando la privatización de la gestión del recurso en cualquiera de las
fases del ciclo integral del agua. Debemos esforzarnos en evitar la
privatización de los abastecimientos y también del saneamiento y
depuración. Igualmente debemos considerar como públicos los caudales que,
una vez depurados, vuelven a los cauces fluviales.

; AGUA PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN:
Agua de calidad y con garantía de suministro para el abastecimiento de la
población,garantizando el mínimo vital reconocido de 90 litros/día/habitante.

AGUA PARA PRESERVAR LOS ECOSISTEMAS:
Considerando los requerimientos de los ecosistemas, los caudales
ambientales y las necesidades de calidad de las aguas subterráneas,
superficiales, marinas y las costeras de transición como un derecho social
que los poderes públicos deben garantizar y satisfacer.

; AGUA PARA EL DESARRROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE:
Garantizando la creación de riqueza social, planificada democráticamente y
utilizando el agua con criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad y
sostenibilidad, tanto en la industria como en la agricultura.

Todo ello con la aplicación de una legislación avanzada que proteja este
bien público y con una gestión participativa que involucre a la sociedad
en el control del recurso. Con una revisión de la actual Ley de Aguas que
profundice en los aspectos más protectores del recurso, hagan más
participativa su gestión y potencien más el control público. Con unos
organismos de cuenca que sirvan a estos fines y que supongan un avance
hacía un modelo federal de su control con una mayor participación en su
gestión de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y de la
ciudadanía por medio de sus organizaciones sociales.

Siguiendo unos principios de servicio público que eviten la privatización
de su gestión y el control por el sector privado del ciclo integral del
agua. Aplicando criterios de recuperación de costes, pero teniendo en
cuenta quién obtiene mayor valor añadido al recurso y favoreciendo que las
capas más desprotegidas de la sociedad accedan al recurso (mínimo vital a
precio tasado, con aportación pública).

Apostamos por un acuerdo estatal del agua que parta de la formación de una
MESA DEL AGUA, en la que además de usuarios y fuerzas políticas estén
presentes las comunidades autónomas, los Municipios, los Agentes sociales
y el tejido social implicado en la problemática de la gestión del agua.
Reclamamos la necesidad de constituir una MESA DEL AGUA para poner en
común las necesidades existentes, la respuesta más adecuada y un
diagnostico único de los recursos y de la demanda. Es necesario e
imprescindible que entre todos seamos capaces de aunar posiciones que
superen la problemática hídrica nacional y encontrar respuestas
consensuadas entre las diferentes regiones para evitar, por un lado,
utilizaciones políticas de las problemáticas concretas de cada zona o
Comunidad Autónoma que impiden llegar a soluciones objetivas y tendentes a
satisfacer el interés general de la ciudadanía, y por otro, los
enfrentamientos entre diferentes regiones de nuestro país por un bien
público tan necesario y vital como es el agua.

Exigimos de la administración central que asuma la responsabilidad de su
competencia en materia de planificación hidrológica, para, mediante el
acuerdo que se alcance, garantizar los instrumentos necesarios que
aseguren el desarrollo sostenible en lo económico, social, medioambiental
e, incluso, cultural, de los territorios implicados.

Para Izquierda Unida- Los Verdes las claves a incluir en el futuro Acuerdo Estatal del Agua son:


1. La asunción de nuevos criterios de racionalidad económica, priorizando
estrategias de gestión de la demanda sobre las tradicionales estrategias
basadas en la oferta del recurso.

Llevar a cabo políticas de agua comprometidas con el ahorro, revisar el
sistema tradicional de concesiones, la eliminación de pérdidas en la
distribución y la reutilización de aguas depuradas. Apostar por una
desalación responsable, ligada a la satisfacción de las necesidades reales
de la sociedad y respetuosa con el medio natural.

2. Un modelo económico agrario y social que sea sostenible y respetuoso
con el medio ambiente. Potenciación y recuperación de los cultivos
tradicionales

3. La recuperación y conservación del buen estado ecológico de lagos,
humedales, ríos, deltas, estuarios, así como de las aguas subterráneas y
plataformas litorales.

4. Establecer, con prioridad a cualquier nueva decisión sobre
planificación hidrológica, las reservas estratégicas oportunas en cada
cabecera de cuenca para garantizar, bajo la premisa de la sostenibilidad,
el desarrollo económico, social y ambiental en cada territorio.

Por todo esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida - Los Verdes de Alpedrete
presenta al Pleno la siguiente moción:
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete se manifieste en contra
de la Privatización del Canal de Isabel II y haga llegar este acuerdo a la
presidenta de la Comunidad de Madrid.
2.- Que el Pleno se comprometa a realizar una campaña de sensibilización
por el ahorro de agua en nuestro municipio.
3.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Alpedrete se posicione a favor de
la creación de la MESA DEL AGUA y haga llegar este acuerdo al gobierno
regional.

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